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Reclusos de Virginia demandan por fracaso en tratar su enfermedad contagiosa del hígado, Hepatitis C.

Hep-C-JPEG-300x169La Hepatitis C mata a las personas rutinariamente. La Organización Mundial de la Salud calcula que más de 71 millones de personas están infectadas con Hepatitis C. La Hepatitis C ataca el hígado, y por eso: “aproximadamente 399,000 personas mueren de Hepatitis C cada año, mayormente de cirrosis [del hígado] y Carcinoma Hepatocelular [cáncer del hígado].”

La gravedad de la enfermedad no se puede subestimar. Por ejemplo, en 2007: “pacientes de Hepatitis C murieron a la edad promedio de 57 años. Eso es 20 años menos que el promedio de vida en los EE. UU.”

En base a esos datos, y muchos más datos que demuestran las graves consecuencias de la Hepatitis C cuando no se trata, poco sorprende por qué los abogados de Nexus Derechos Humanos presentaron una demanda judicial colectiva en nombre de seres humanos encarcelados que tienen Hepatitis C estando bajo la guarda y custodia del Departamento de Correccionales de Virginia.

La demanda es contra dos funcionarios públicos, Harold Clarke (Director de todo el Departamento de Correccionales de Virginia), y Mark Amonette (Director Médico Jefe del Departamento de Correccionales de Virginia). Tanto Clarke como Amonette han supervisado una política que niega tratamiento de Hepatitis C a reclusos hasta que estos llegan a su lecho de muerte—una etapa donde aun si la enfermedad se curara, ya se ha establecido daño permanente al hígado, según la Denuncia.

Los males sociales causados dentro y fuera de los muros de las prisiones de Virginia, debido a la política de Amonette y Clarke, son numerosos. Principalmente, en todos los Estados Unidos, de las 2.2 millones de personas encarceladas en las cárceles y prisiones de los EE. UU., 33% tienen Hepatitis C, un porcentaje que es exponencialmente superior que el 1.3% de prevalencia de Hepatitis C en la población general. Yendo a Virginia, en conjunto, según un informe de 2016 titulado Perfil Epidemiológico de Hepatitis C de Virginia, en 2015, “Hepatitis C fue la cuarta enfermedad de notificación obligatoria más común entre los virginianos … y la tasa de casos reportados sigue subiendo.” Y más específico a prisiones de Virginia, la Hepatitis C afecta negativamente más del 15% de las personas encarceladas en las prisiones de Virginia, y esa cifra no incluye personas encarceladas en cárceles de Virginia.

Al dejar que las personas bajo su guarda y custodia sufran los efectos debilitantes de esta enfermedad hepática terrible que es altamente contagiosa, Amonette y Clarke han ayudado a propagar la Hepatitis C entre virginianos libres, ya que una vez que las victimas de Hepatitis C son liberadas, ellas propagan la enfermedad entre la población general. Lo más aterrador de la decisión de Amonette y Clarke de dejar sin tratamiento a las víctimas de Hepatitis C durante largos períodos es que, ahora, existe una cura.

La cura tiene una tasa de éxito de más del 95%. Esa tasa de éxito es importante y relevante al hecho que, según la demanda (y alegatos) presentada en la acción colectiva, la Corte Suprema de los EE. UU. requiere que los funcionarios de prisión provean atención médica adecuada cuando esos mismos funcionarios saben que una persona, bajo su guarda y custodia, está padeciendo una enfermedad mortal. Véase Estelle v. Gamble, 429 U.S 97 104-05 (1976). En el caso Estelle, la Corte Suprema dijo específicamente:

la indiferencia deliberada a graves necesidades médicas de prisioneros constituye la “imposición de dolor innecesaria y sin sentido”, prohibida por la Octava Enmienda. Es cierto, ya sea si la indiferencia es manifestada por médicos de prisión en su respuesta a las necesidades de los prisioneros o por guardias de prisión al negar o demorar intencionalmente acceso a atención médica o interferir intencionalmente con el tratamiento una vez prescrito. Sin importar cómo se evidencia, la indiferencia deliberada a la enfermedad o lesión grave de un prisionero declara una causa de acción bajo s 1983.

Esa frase significa esencialmente que un funcionario de prisión no puede saber que un recluso padece de una enfermedad, por ejemplo, Hepatitis C, y saber que existe una cura para Hepatitis C, sin embargo, decide no tratar la Hepatitis C del recluso. Desafortunadamente, Clarke y Amonette no pararán el sufrimiento; en cambio, hasta hoy, continúan dejando sin tratamiento la Hepatitis C de los reclusos.

Notablemente, el argumento de Clarke y Amonette para negar tratamiento de Hepatitis C se basa principalmente en costos. Pero, como los abogados para Nexus Derechos Humanos han recordado repetidamente a Clarke y Amonette: “en tanto que la conveniencia administrativa y costo pueden ser, en circunstancias adecuadas, factores permisibles para que los sistemas correccionales consideren tomar decisiones de tratamiento, se viola la Constitución cuando se consideran para la exclusión de juicio médico razonable sobre la salud de reclusos” [énfasis en original]) (citando Johnson v. Doughty, 433 F.3d 1001, 1013 [7º cerca del 2006]); Allah v. Thomas, 679 F. App. 216 220 (3º cerca del 2017).

En conclusión, es que, con una cura, Amonette y Clarke no tienen razón humana (o legal) para dejar que la gente caiga en la muerte, así como ninguna razón humana para liberar víctimas de Hepatitis C a la población general, aumentando la tasa de infección de Hepatitis C entre los virginianos.

Llame a Nexus Derechos Humanos para una consulta gratis, hoy mismo; protegemos y promovemos los derechos civiles y humanos de todas las personas, especialmente aquellas personas que forman las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad.